Primer juicio contra la Generalitat por el suicidio de una presa en régimen de aislamiento

El exdirector de la cárcel, psiquiatras y funcionarios comparecerán como testigos en el juicio, donde la familia de la interna reclama 20.000 euros a la Generalitat

 

Raquel E.F. se suicidó en la cárcel catalana de Brians el 11 de abril de 2015 tras pasar los últimos siete meses de su vida en régimen de aislamiento. Su muerte llevó al debate público y al Parlament estos departamentos carcelarios, donde los presos pasan unas 21 horas encerrados y en soledad con solo dos horas de patio o actividades. Más de tres años después, este martes se celebra el juicio que determinará si la Generalitat, administración competente en las prisiones catalanas, es responsable de la muerte de Raquel por haber omitido los avisos que dio la propia interna antes de quitarse la vida.

En síntesis, la familia de Raquel, representada por el centro Iridia, acusa a la administración catalana de dejadez de funciones y de falta de diligencia. La interna tuvo varios intentos de suicidio y de autolesión que constan en los informes de los servicios psicológicos de la cárcel sin que se activara el protocolo antisuicidios. Por contra, la Generalitat no advierte una relación causa–efecto entre su actuación y el suicidio de la interna.

Pero además, la familia sostiene que durante seis meses los responsables médicos y funcionarios de la cárcel supieron de las ideas suicidas de Raquel y la mantuvieron su celda de aislamiento, un régimen especialmente duro para el estado psicológico de los internos y en el que los presos deberían permanecer un máximo de 15 días, según las recomendaciones de Naciones Unidas que no siempre se cumplen en España.

Al no tratarse de un proceso penal sino contencioso, la familia no pide penas de cárcel sino que se reconozca la responsabilidad de la Generalitat en el suicidio y, en consecuencia, la administración catalana la indemnice con 19.172,54 euros. En el juicio comparecerán como testigos el exdirector de la cárcel de Brians I y seis funcionarios y tres psiquiatras de la cárcel y que trataron con la interna así como la psicóloga de Raquel a la que, según la familia, se negó la entrada al centro pocos días antes del suicidio.

El abogado de la familia, Andrés García Berrio, confía en que el juicio aporte «justicia y reparación» a los familiares de Raquel después de una batalla burocrática con la Generalitat de varios años. Tras una investigación interna, la Generalitat denegó la indemnización que la familia de la interna reclama ahora por vía judicial.

«La muerte de la interna no se puede atribuir al funcionamiento del servicio público penitenciario», zanjó la conselleria de Justicia. Según la versión del departamento, la interna recibió un tratamiento psiquiátrico «constante» y sus autolesiones «tenían un carácter manipulador sin una verdadera intencionalidad autolítica», esto es, no iban dirigidas al suicidio de la interna, que cumplía una condena de ocho años por tres delitos de robo.

En septiembre de 2014, la interna golpeó repetidamente el cristal de la ventana de su celda por un ataque de ansiedad; en octubre, propinó varios golpes a la pared; en vísperas de Navidades, intentó incendiar su celda de aislamiento; y en enero se autoinfringió varios arañazos en la cara que le ocasionaros lesiones. Además, en una carta al juzgado de vigilancia penitenciara escrita antes de quitarse la vida, la interna relató un último episodio de una lista de presuntos maltratos por parte de las funcionarias. En su última carta, Raquel también explicó que dos días antes de su suicidio había estado «muy nerviosa» y golpeando la celda hasta encontrarse mejor, cuando se puso a hablar con otra interna de una celda vecina.

La repercusión del suicidio de Raquel llevó al Parlament a recomendar al Govern que dotara las cárceles de módulos psiquiátricos adecuados para atender a los internos en vez de encerrarlos en celdas de aislamiento, que representan alrededor de un 2% de los cerca de 9.000 presos catalanes. Además de familiares de presos muertos bajo custodia de la administración, entidades en defensa de los derechos humanos o el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) vienen reclamando acabar con el régimen de aislamiento por sus consecuencias sobre el estado físico y psicológico de los internos.

«El Parlament dio un primer paso, pero todavía es necesaria una reflexión profunda entre partidos, Govern y sociedad civil para la erradicación del régimen de aislamiento y, mientras no se logre, la mitigación de sus efectos negativos sobre los internos», asevera García Berrio, que reclama una auditoría de una entidad independiente sobre el sistema penitenciario catalán.

EL DIARIO.ES

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