“La conducta suicida es como un iceberg. La punta serían los suicidios, pero debajo hay muchos intentos”

Cada año, alrededor de 170 personas se suicidan en Euskadi. Se trata de una tendencia estable que se mantiene a lo largo de los últimos años. La proporción de muertes es mayor en los hombres, con tres por cada fallecimiento de una mujer. La mayor parte de los casos, ocurren en personas de entre 50 y 70 años, llegando a ser casi el 40% de los suicidios. Hasta ahí los fríos datos de las estadísticas, que, sin embargo, no recogen la dimensión del problema. Las tentativas son muy frecuentes, hasta el punto de que por cada suicidio suele haber 20 tentativas. “La conducta suicida es como un iceberg. La punta serían los suicidios pero debajo hay un número elevado de intentos”. Así lo asegura Andrea Gabilondo, psiquiatra de la Red de Salud Mental y coordinadora del programa piloto de prevención de conducta suicida desarrollado por Osakidetza en el territorio de Gipuzkoa.

El Servicio Vasco de Salud se ha propuesto elaborar un programa de prevención con el objetivo de reducir estas tasas. Una iniciativa que ya ha sido puesta en marcha en numerosos países de todo el mundo, que han desarrollado planes nacionales de prevención, especialmente en Europa. Para ello, la Red de Salud Mental de Gipuzkoa empezó a desarrollar el programa en 2013. “Hemos abordado el proyecto desde un enfoque poblacional. Este enfoque pretende llegar a reducir el riesgo medio de una población haciendo cambios en el entorno y trabajando tanto a nivel sanitario como fuera de él”. De esta forma en vez de trabajar con un porcentaje pequeño de personas de alto riesgo, se trabaja con un porcentaje alto de personas de riesgo medio-bajo. “La mayoría de los casos se da en el grupo de población que no tiene a priori un riesgo alto”.

Gabilondo, quien ha tomado parte en los cursos de verano organizados por la Universidad del País Vasco, apunta que hay elementos que afectan al riesgo medio de la población como las tasas de desempleo, como el incremento del desempleo. Sin embargo, puntualiza que también ha quedado claro que el nivel de gasto en protección social por persona contrarresta el efecto de la subida del desempleo.

El proyecto profundiza en la formación de profesionales sanitarios para mejorar la capacidad de detección y tratamiento de la depresión. También desarrolla acciones de sensibilización y concienciación de la sociedad y forma a los agentes comunitarios en la detección y manejo del riesgo suicida. Por último, elabora sistemas de apoyo y seguimiento para las personas de alto riesgo.

La experiencia piloto se puso en marcha en las regiones guipuzcoanas del Alto Deba y Alto Urola- Goierri para testar la viabilidad del proyecto. La primera iniciativa consistió en una campaña ciudadana sobre la depresión con el objetivo de reducir barreras y acceder al tratamiento. “La campaña se centró en la depresión porque este es el factor de riesgo poblacional más importante. Está presente en más del 60% de los casos. Además, se sabe que el 40% de las personas con depresión no recibe tratamiento”. Para lograr la concienciación de la sociedad local, se distribuyeron carteles y trípticos, y se realizaron varias ruedas de prensa con medios locales.

Detectar el riesgo y actuar

Por otra parte, se realizaron cursos de formación en primeros auxilios psicológicos para los profesionales que trabajan en la comunidad, como educadores, policías… ya que un porcentaje alto de personas en riesgo no acude al sistema sanitario. “El objetivo es proporcionar herramientas a estos profesionales para detectar el riesgo de suicidio y poder actuar”. De esta forma se pretende facilitar el acceso a la ayuda sanitaria. “La gente tiene interiorizados muchos mitos que nos impiden poder ayudar a las personas, como que hablar sobre el suicidio es peligroso porque le induces a que se quite la vida”.

La última intervención se ha desarrollado en el sistema sanitario. “Nos centramos en reducir el riesgo de repetición de conductas suicidas en pacientes atendidos en urgencias por un intento de suicidio”. Para evitar que estos pacientes vuelvan a intentarlo, se han formado a los profesionales implicados y se ha tratado de mejorar la coordinación entre las urgencias y el centro de salud mental.

Para realizar el seguimiento de estas personas se ha puesto en marcha un seguimiento telefónico protocolizado como refuerzo a la atención ordinaria. “Reduce la sensación de aislamiento de la persona y mejora la adherencia al tratamiento. Además, no tiene ningún efecto adverso”, recalca la experta. Así, se le realizan llamadas breves al paciente, lo que permite evaluar el riesgo. “Tras esta primera etapa, nuestra primera conclusión es que es posible hacerlo. Pero es un proyecto que requiere de mucho tiempo y dedicación, cada intervención es un proyecto en sí mismo”.

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