Un hombre se ha suicidado este jueves justo antes de que lo desahuciaran de su vivienda en Cornellà de Llobregat, lanzándose al vacío desde un décimo piso. Jordi Rodríguez era electricista, tenía 45 años y estaba pendiente de entrar en la bolsa de vivienda social.
Fuentes de los Mossos d’Esquadra han explicado a Efe que la comitiva judicial había acudido a primera hora de la mañana a la vivienda y que, ante la negativa a abandonar el domicilio por parte de las personas que estaban dentro, han requerido la presencia de la policía catalana sobre las 10:30 horas.
Cuando han llegado los agentes, han acompañado a la comitiva judicial hasta el piso donde se debía practicar el desahucio y han llamado a la puerta.
En un primer momento, una voz desde el interior les ha dicho que iban a abrir, pero acto seguido han oído los gritos de una mujer que también estaba en el interior alertando de que el hombre había saltado por la ventana.
Cuando esta mujer, finalmente, les ha abierto la puerta, los policías se han asomado al exterior y han constatado que había una persona tendida en la calle. Inmediatamente han dado aviso al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que solo han podido certificar la muerte del hombre.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), el desahucio programado para este jueves, del que tenía conocimiento previo el Ayuntamiento de Cornellà, se acordó tras un juicio verbal por impago de alquiler.
El Banco Popular, propietario de la vivienda, presentó una demanda en noviembre pasado, denunciando que el inquilino acumulaba siete mensualidades impagadas, aunque al final han sido 14 meses.
En enero de 2018 se notificó al inquilino la demanda interpuesta por el banco, si bien el hombre no compareció ni solicitó abogado de oficio, según el TSJC.
Posteriormente, el pasado 13 de marzo la comisión judicial se personó en el domicilio para efectuar el desahucio, si bien se anuló el trámite y se notificó una nueva fecha, en concreto el 22 de marzo.
Sin embargo, el día anterior, el 21 de marzo, los Servicios Sociales de Cornellà de Llobregat remitieron un informe detallando la situación social del demandando, por lo que se acordó suspender nuevamente el desalojo, que se fijó para este jueves, tras advertir de ello al consistorio de esta localidad, según el TSJC.
La vivienda, propiedad del Popular, fue recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado. Dicha organización ha convocado para este mediodía concentraciones en ciudades de toda España, frente a la sede del Banco Popular, en protesta por la muerte de Jordi y «de todas las personas asesinadas previamente».