Lo improvisó para presentarlo en el Día Mundial y, 2 meses después, aún no se ha llevado nada al Interterritorial
El pasado 9 de septiembre, un día antes del Día Mundial para la prevención del suicidio, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la comisionada de Salud Mental, Belén González, anunciaron en rueda de prensa un boceto improvisado de lo que sería el Plan Nacional para la prevención del suicidio. Como concepto y como documento, el Plan es una de las principales demandas de los profesionales de salud mental y las asociaciones de pacientes y familiares desde hace años. Una demanda que se volvió urgente e inesquivable desde que, en 2020, 2021 y 2022 nuestro país alcanzó cifras récord en el número de fallecidos por esta causa, con una media de once suicidios diarios.
A pesar de esas cifras, España sigue sin estar entre los 40 países del mundo que la Organización Mundial de la Salud identifica como los únicos que tienen un Plan Nacional de prevención del suicidio.
Dado que existe esta clasificación, la definición de lo que es un Plan y lo que no está perfectamente clara, y solo se puede considerar como tal un proyecto que intervenga en los diferentes estamentos: individual, familiar, comunitario, social, educativo y sanitario, haciendo un seguimiento individualizado de las personas vulnerables, afectados y familiares y que coordine efectivamente los recursos en el ámbito nacional. Además, debe de tener un presupuesto finalista.
Fechas incumplidas
Pues bien, lo que presentó Sanidad puede considerarse, siendo optimistas, que una «hoja de ruta» o unas «líneas maestras», tal y como lo definió la propia García. De hecho, decidieron no llamarle Plan Nacional de Prevención sino «Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027». Eso ya daba pistas.
Por otro lado, tanto García como González dieron fechas sobre los siguientes pasos.Explicaron que el 18 de septiembre- una semana después- el texto que saliera del Ministerio y el «grupo motor» (compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental) sería presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las autonomías, donde se consensuaría el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.