Por cada suicidio consumado resultan al menos seis personas más afectadas del entorno de la persona fallecida, según recuerda Gloria Iniesta, por el impacto de la traumática e inesperada pérdida
La conducta suicida es ya el principal motivo de que los menores pidan ayuda. Así lo ha desvelado el informe anual 2022 del Teléfono/Chat ANAR. En 2022 la fundación atendió más de 17.000 casos graves. Esta epidemia silenciosa está afectando de lleno a los jóvenes y los expertos no se cansan de pedir medidas para poder luchar contra ella.
Uno de ellos es Francisco Villar, psicólogo clínico y especialista en conducta suicida en menores del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha alertado que hasta llegar al suicidio un menor puede atravesar un proceso de tentativa de un año.
«Nos asusta preguntar», ha considerado Villar en un coloquio organizado por la Fundación Pere Tarrés en la ciudad condal. Los adultos que conforman el entorno del menor, entrenadores, profesores y familia, deberían preguntar si se encuentra bien, si lo notan apagado, triste o preocupado, si está solo, para aumentar la red de protección del niño o adolescente e intervenir decididamente.
El doctor Villar ha explicado que el proceso que lleva a la conducta suicida comprende varios conceptos: dolor, desesperanza, no ver salida al dolor o verla, pero no ser capaz de afrontarla, la vinculación a la vida o la sensación de ser una carga para la familia y la sociedad, ha resumido.
En este entramado, las redes sociales, a juicio del psicólogo, complican el trabajo de los profesionales sanitarios que intentan abordar el problema. Villar se ha mostrado plenamente partidario de prohibir el uso de móviles a menores de 16 años, al igual que no se les permite conducir, o manejar instrumentos peligrosos.
En el mismo encuentro ha intervenido Joan Vegué, director del Plan de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat, y Gloria Iniesta, representante de Salud Mental Cataluña y formadora de la Asociación para la Prevención del Suicidio y la Atención al Superviviente.
Por su parte, Vegué ha anunciado que las activaciones del código riesgo suicidio de la Generalitat «han bajado» en 2022, en comparación con el año anterior, cuando se triplicaron los datos de 2020, al pasar de 600 a 1.300 activaciones.
El responsable catalán de salud mental ha anunciado también que, junto a la Universidad Pompeu Fabra, están trabajando en un algoritmo que detecte el uso de ciertas palabras en redes sociales y poder informar a los usuarios de todos los recursos con los que cuenta para pedir ayuda.
Por cada suicidio consumado resultan al menos seis personas más afectadas del entorno de la persona fallecida, según recuerda Gloria Iniesta, por el impacto de la traumática e inesperada pérdida. En su opción, muchas familias se sienten juzgadas tras el suicidio de un familiar, algo que genera también incomprensión. «El estigma existe, hay que cambiar nuestra mirada», ha comentado para pedir a la administración que se dediquen más recursos humanos y presupuestos para afrontar el problema de los suicidios.