Fueron 52 casos el año pasado, el 1,96% más respecto al anterior (51), que bajó un 10%. El máximo lo dio 2016 (63). Enrique Mendoza pide un aumento presupuestario y que se cubra una plaza de laboratorio y otra de administración. Se hicieron 1.205 informes psiquiátricos y destacan especialmente los de capacidades y los referidos a imputabilidad
El suicidio vuelve a ser la principal causa de muerte violenta en Badajoz, con 52 casos en 2019, un 1,96% más que el año anterior, en el que hubo uno menos, 51, y entones bajó un 10,5% respecto a 2917, en el que se registraron 57, que también bajó respecto a 2016, cuando se registró la cifra más alta desde 2006, con 63 casos. Así, los 52 del pasado año representan el 39,1% de las 133 muertes violentas de ese año.
Al suicidio le sigue como causa la de accidente de tráfico, con 22 muertes, 5 por atropello, esto es el 22,56% de las muertes violentas, con una bajada del 6,25% respecto a 2018, cuando hubo 32.
Estos son algunos de los datos que recoge la memoria anual del Instituto de Medicina Legal (IML) de Badajoz de 2019, en la que en el apartado de Servicio de Patología se da cuenta de un total de 298 muertes judiciales -que interviene por la causa que sea la autoridad judicial-, con una subida del 4,56% respecto a las 285 del año anterior. De ellas se contabilizan 133 muertes violentas -119 en 2018- y 165 por causas naturales -una menos-.
La distribución de las muertes judiciales por sexo resultó ser de 237 muertos varones, el 79,5%, con una subida del 3,49%; y 61 mujeres, el 20,4%, con una subida del 8,9%. Y por edad, predominan las comprendidas en la década de 51 a 60 años con 67; seguida de los 61 a los 70 con 60, ambas con un aumento del 42,6%.
Así mismo, en el marco de las muertes violentas, de etiología médico-homicida, en 2019 hubo 2 homicidios, la mitad que el año anterior. Y en el marco de las muertes naturales, la principal causa sigue siendo por enfermedades del sistema circulatorio (148), el 89,7% del total y un 1,9% menos que en 2018, cuando la cifra fue de 151 muertes.
Sobre estos datos, el director del IML, Enrique Mendoza, manifiesta que «lo que se produce es que cada vez intervenimos más porque se judicializan más muertes; personas que son de fuera y no tiene la historia clínica aquí, transeúntes, o personas que viven solas, o no van al médico regularmente, y resulta más difícil que un médico certifique la muerte, por lo que al no saberse la causa, se judicializan esos casos». Y añade, «han aumentado mucho nuestras intervenciones en los Juzgados de los Social debido a las demandas laborales, por valoración de capacidades».
INFORMES /Además, El IML emitió en 2019 un total de 7.473 informes -un 8,6% más que el año anterior-. En el Servicio de Clínica Forense fueron 5.504, el 8,15% más. De ellos destacan 3.223 de valoración de daño corporal, un 1,24% más, y 1.205 informes psiquiátricos, un 22,2% más.
Entre estos despuntan los de valoración de imputabilidad -407- y de incapacidad -405-, con subidas del 19% y el 13%, respectivamente; 262 de valoración psiquiátrica, 172 de lesiones y 34 de agresiones sexuales. También 1.451 por agresiones, 386 por accidentes de tráfico, 270 por violencia de género y 263 sociales.
PRESUPUESTO / Por otro lado, Enrique Mendoza afirma que ante el aumento de ingresos por la realización de informes y pericias por encargo de terceros, con precios públicos determinados, debe dedicarse esa recaudación a mejorar el presupuesto del centro. «Siempre hace falta algo, bien porque queremos hacerlo mejor, bien porque hay cosas que se deterioran. Y estima que «una vez que has hecho un gasto, como el laboratorio, con una pequeña inversión más le sacas un mayor rendimiento; ahora, eso dependen del presupuesto a nivel nacional. Yo lo que hago es manifestar lo que puede servir para mejorar el servicio».
DOS PLAZAS / También plantea que es «imprescindible contar con un técnico de laboratorio para que se puedan aplicar los métodos y procedimientos analíticos validados por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses».
Indica que el Laboratorio Forense Químico-Toxicológico «atendería toda la demanda de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto en sujetos vivos (alcoholemia, drogas) como cadáveres».
Añade que teniendo en cuenta que con una población de 1.065.371 habitantes se hicieron 443 autopsias judiciales en 2019, dotar bien el laboratorio «permitiría descargar al Instituto Nacional de Toxicología del excesivo volumen de trabajo actual, además de mejorar los tiempos de respuesta periciales». Y para lograr dicho objetivo, «se ha solicitado al Ministerio de Justicia la dotación de un técnico de Laboratorio de Anatomía Patológica para el Laboratorio de Histopatología de Extremadura».
Mendoza señala que «hemos estado una época muy carentes de los equipos psicosociales, que tenían mucho retraso porque solo había uno y la demanda era cada vez mayor; ahora hay tres y no necesitamos, siempre que no haya una baja o un traslado, que volveríamos a estar en las mismas si no se cubren».
Mas, añade, «hay casos, como los tramitadores de justicia, en los que hay bolsas de trabajo y si hay una baja de más de un mes, se cubre». Pero otros, como los equipos psicosociales, «que son personal laboral, que se hace a nivel de Madrid y puedes pasar siete u ocho meses sin cubrir una plaza y el que llegue se encontrará con el retraso de ese tiempo». En cuanto a personal médico-forense, «el que tenemos es relativamente adecuado». Y concluye que «yo lo que pido es un técnico de laboratorio y, para administración, otro más».