En los escasos tres minutos que usted va a dedicar amablemente a leer estas líneas, al menos cuatro personas se habrán quitado la vida en el mundo. Quizá alguna de ellas se cuente entre las diez que hoy se suicidarán en España.
El suicidio, sí: la primera causa de muerte externa (no natural) entre los españoles. Desde 2006, por delante de los accidentes de tráfico, cuyas cifras ya dobla desde 2016. Unas 60 veces más que las causadas por la violencia de género. Por cada suicidio consumado hay una media de 25 intentos fallidos (el indicador esencial para una política activa de prevención). Pero ¿cómo podríamos gestionar cada año cerca de 90.000 intentos de suicidio en nuestro país?
Pues miren. En 2012 (y de nuevo en 2014), el Congreso aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley que tuve el privilegio de redactar, urgiendo un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. La registró el Grupo Parlamentario de UPyD y fue defendida por Rosa Díez en ambas ocasiones. Se trataba de poner en marcha un plan institucional integral, inscrito en la agenda política, mediática y social, desde el impulso a la deficitaria Estrategia de Salud Mental. En noviembre de 2017, el Parlamento español volvió a aprobar otra similar, promovida por UPN.
Han acertado: hasta hoy, ningún gobierno ha puesto en marcha ningún plan. Es de justicia recordar el compromiso expreso de la fugaz ministra Carmen Montón al respecto. Pero Carcedo, su sucesora, ha preferido, también en este tema, mantener un perfil bajo. Asistió a una jornada sobre salud mental en marzo, eso sí, donde se comprometió a crear en un par de meses un “teléfono contra el suicidio similar al 016” del que hasta la fecha seguimos sin noticias. Pero algo había que decir. Mientras, ya se ocupan de atender a los desesperados organizaciones como el teléfono de La Esperanza o La Barandilla. En realidad, parece que la ministra de Sanidad en funciones prefiere mantener en el congelador las cuestiones íntimamente ligadas a la salud mental: recuerden su silencio injustificable sobre por qué la psiquiatría infantil sigue sin existir como especialidad en España (único país en la UE junto con Bulgaria).
No sé si en las próximas semanas los partidos políticos españoles nos llevarán a un gobierno con pies de barro o a unas elecciones vergonzantes. Pero lo que sí sé es que a ninguno de ellos les importa demasiado actuar coordinada y eficazmente para atajar este gravísimo problema de salud pública que deja cada año 3.600 cadáveres en España. Y esto no es una opinión: es un hecho.
Si echan un vistazo a los programas electorales de hace apenas cinco meses, encontrarán que tanto PSOE como Unidas Podemos y Ciudadanos apenas dedicaron una línea cada uno a mencionar la necesidad de un plan para la prevención del suicidio. El Partido Popular ni citaba el suicidio. Tampoco Vox, ni ERC, ni PNV, ni Coalición Canaria (que ni siquiera hacían una sola referencia a la salud mental). Quizá les sorprenda que PACMA sí lo recogiera, y muy extensamente, por cierto.
El próximo 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, volveremos a hablar de ello. No me cabe duda de que habrá muchas declaraciones contritas y se pronunciarán una y mil veces las palabras lacra, drama, etc. Compartiremos vídeos, hashtags y memes. Habrá especiales en algunos medios, como cada año, recopilando cifras y recomendaciones que luego pocos recordarán. Algunos descubrirán una realidad que ni habían imaginado; otros, incrédulos, pondrán en duda que el suicidio exista fuera de casos raros y situaciones extremas que sólo les pasan a otros. Los supervivientes a un suicidio se sentirán un poco menos solos por unas horas, aunque a la vez se reabrirán las heridas y aparecerán de nuevo todos los fantasmas, para luego volver a plegarse cuidadosamente hasta el año próximo dentro de ese gran baúl silencioso llamado “Suicidio: el último tabú”.
Y, sin embargo, el suicidio no es un asunto privado, sino una cuestión de salud pública. Prevenir el suicidio, y también arropar y atender a los supervivientes, es un deber institucional, posible y obligatorio, que gobiernos comprometidos y responsables (Finlandia es una referencia) ya han afrontado con éxito. Pero es imprescindible la voluntad política, sin medias tintas. Miles de vidas podrían salvarse mediante prevención, atención médica y supervisión.
El suicidio no es una enfermedad. Es una conducta letal indeseable que como sociedad debemos prevenir y evitar en la mayor medida posible. Hay muchos mitos acerca del suicidio que hemos de desmontar. Es falso que quien quiere suicidarse vaya a hacerlo de todas formas y no se pueda evitar. Es falso que el suicidio sea un ejercicio de libertad individual. Nadie quiere morir: lo que quiere un suicida es acabar con un sufrimiento insoportable, cuando no se ven más salidas es porque no hay una percepción objetiva de la realidad. Y no hay una causa única, son múltiples. Y ahí es donde se puede y se debe actuar.
Desde luego, lo factible y razonablemente sencillo es hacer algo que parece obvio: difundir al máximo una guía básica de alertas que permita reconocer, detectar e intervenir la voluntad suicida, y que indique qué hacer y con quién contactar en cada caso. De forma simple, seria y sistemática. Porque las señales se repiten, y la lista de comportamientos que deben encender la alarma y promover la acción es corta. Los seres humanos somos muy parecidos hasta en esto.