- En las últimas semanas se han registrado varios casos de niños que han tratado de autolesionarse en este remoto centro de detención en el que Australia confina a los solicitantes de asilo
- Las ONG especializadas reclaman a las autoridades australianas que reubiquen de inmediato a los 112 menores que siguen encerrados en Nauru
La isla de Nauru, un pequeño estado de Micronesia, tiene el tamaño del aeropuerto de Melbourne y, para muchos niños, es lo más parecido que conocen a una cárcel. Roze ha pasado toda su corta vida allí. Tiene dos años y su familia lleva cinco años atrapada en este centro de detención en el que Australia confina a los solicitantes de asilo que tratan de llegar al país, una política migratoria muy criticada que ha recibido recientemente los elogios del ministroitaliano del Interior, Matteo Salvini.
Roze es una de los 112 menores que, según las ONG internacionales y locales, se encuentran actualmente encerradas en las instalaciones de esta remota isla del Pacífico. Su situación ha vuelto a ocupar titulares después de que dos menores trataran de suicidarse la semana pasada, según informó la edición australiana de The Guardian.
Una niña de 12 años tuvo que ser trasladada al hospital de Nauru después de intentar quemarse a lo bonzo en presencia de otros niños. Había tenido otros intentos de suicidio y un psiquiatra había recomendado su traslado a Australia, según informa el medio británico. Poco después, otra joven refugiada de 17 años tuvo que ser atendida tras negarse durante días a comer, beber y ser atendida por los médicos.
No era la primera vez que ocurría: este mes, un niño iraní de doce años ha pasado casi 20 días en huelga de hambre después de cinco años encerrado en el centro. La Fuerza Fronteriza Australiana bloqueó de forma temporal su traslado al país porque se negó a permitir que su padrastro viajara también con él, según publicó The Guardian.
Varias voces, incluida Naciones Unidas, han alertado del deterioro de la salud mental de las personas encerradas en Nauru, que ha registrado recientemente más casos de menores que se han autolesionado con objetos metálicos o han intentado prenderse fuego, según documentos internos recopilados por la cadena pública australiana ABC.
«Lo único que piensan muchos de los niños es en cómo morir. Lo buscan en Internet», sostiene Fiona Owens, jefa del equipo de salud mental infantil en el centro hasta el pasado julio, en declaraciones a la televisión australiana. «Se retiran de la vida y, en general, se acuestan en su cama y todo su estado de ánimo se deteriora. Dejan de comer, dejan de beber, dejan de cuidarse, de interactuar con la gente, de hablar», explica Vernon Reynolds, el que ha sido uno de los psiquiatras infantiles de la isla durante dos años. Recalca que muchos niños muestran síntomas de trauma severo.
Las ONG reclaman que los menores sean reubicados
En al menos tres casos en los últimos meses, los jueces australianos han ordenado que niños pequeños sean llevados inmediatamente a Australia para recibir atención, de acuerdo con las ONG.
«Estos niños se han dado cuenta de que la única manera en que pueden escapar de este infierno es poniéndose tan enfermos que se les saca de allí. Es una situación increíblemente desesperada», opina Susanne Legena, directora de la rama australiana de Plan Internacional. Es una de la treintena de organizaciones especializadas en infancia que han iniciado la campaña #KidsoffNauru para reclamar a las autoridades australianas que todos los menores y sus familias sean reubicados de inmediato en Australia o un tercer país que los acoja.
«Está claro que la detención indefinida causa diariamente daños reales y graves a estos niños. Muchos de ellos han vivido durante años en tiendas de campaña, han sido separados de familiares cercanos y no tienen un lugar seguro para jugar o tener acceso a atención médica aceptable», recalca en un comunicado Claire Rogers, directora ejecutiva de World Vision, otra de las ONG participantes en la iniciativa.
Años de abusos sistemáticos
Se trata de la última voz de alarma en un largo catálogo de abusos sistemáticos y malos tratos como agresiones físicas y verbales, atención médica insuficiente, falta de acceso a la escuela, robos y detenciones arbitrarias que las ONG. Han sido varios los intentos de suicidios y las autolesiones como fruto de las condiciones que estas personas soportan que, según Amnistía Internacional, «constituyen tortura y les causaban graves daños psicológicos». A veces, los niños son testigos de ello. Tres refugiados se han suicidado en Nauru, según las ONG.
Hace dos años, The Guardian publicó la filtración de más de 2.000 informes, «los archivos de Nauru» que documentaban agresiones sexuales contra los demandantes de asilo, incluido menores. En el centro prestaba servicios la empresa australiana Broadspectrum, perteneciente al grupo español Ferrovial, a la que AI acusó de enriquecerse con esos servicios. La compañía se defendió de las acusaciones alegando que «su labor se limita al cuidado de las condiciones de vida y seguridad» y, según han indicado fuentes de la empresa española a este medio, «dejó de prestar servicios» en octubre de 2017.
Para contener un número creciente de llegadas a las costas australianas, el Gobierno reactivó en 2012 la política de encerrar a los migrantes y refugiados que interceptaba en aguas internacionales en centros de detención fuera de su territorio, como el de Manus, en Papúa Nueva Guinea –clausurado el año pasado –, o el de la isla de Nauru. Estos centros de ultramar, donde los solicitantes tramitan sus peticiones de protección internacional, fueron creados por el Ejecutivo conservador del primer ministro John Howard en 2001 con la llamada «Solución del Pacífico» y reabiertos 11 años después por la laborista Julia Gillard.
La política de recluirlos en estos centros de detención durante años ha recibido una lluvia de críticas de las organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas. Muchas de las personas internas han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria. También ha sido cuestionada la política de «devolución inmediata» de embarcaciones con refugiados a países como Indonesia.
Sin embargo, a pesar de las denuncias, el modelo australiano fue elogiado la pasada semana por el ultraderechista Salvini, quien, ante las críticas por su mano dura contra la inmigración, ha asegurado que su objetivo es replicar, dice, «el llamado programa ‘No Way’ aplicado por Australia. Ningún inmigrante socorrido en el mar pone un pie en Australia». Salvini también ha defendido la creación de centros fuera del territorio europeo para clasificar a migrantes, en la frontera sur de Libia, una idea que resonó con fuerza antes del Consejo Europeo que se celebró a finales de junio y contó, entre sus principales valedores, con el presidente Donald Tusk.
Los dirigentes europeos no llegaron a ninguna conclusión entonces, pero pidieron al Consejo de la UE y a la Comisión «explorar rápidamente» el concepto de estas «plataformas de desembarco regional» para dar respuesta, dicen, a la «trágica pérdida de vidas» en el Mediterráneo. Los planes de la UE han despertado la preocupación de expertos y organizaciones de derechos humanos, también de decenas de eurodiputados, que precisamente comparan la propuesta con el criticado modelo australiano y recuerdan el rastro de abusos que ha dejado en los últimos años.