Lo mejor es ignorar el problema porque hablar de él lo agravaría. Es el planteamiento que han trasladado desde las facultades de periodismo y redacciones de periódicos a generaciones de periodistas durante décadas cuando llega la noticia de un suicidio. La prensa oculta este tipo de muertes aludiendo a un pacto no escrito que justifica la ocultación “por respeto a la familia” o “la intimidad” del fallecido y porque publicar un suicidio provocaría un efecto contagio.
Hace unas semanas vimos un ejemplo con el fallecimiento de un exfutbolista español de 46 años. Un conocido diario deportivo dio la noticia completa, es decir, contando el motivo de su muerte. Ningún otro medio lo hizo, así que poco después el diario borró el titular, quién sabe si presionado por sus lectores, la familia o el club en que el exfutbolista trabajaba esta temporada. O quizá no recibió presión alguna, sino que fue una especie de autocensura aplicada por el medio. No sería de extrañar que este último fuera el motivo del cambio de titular, pues el suicidio sigue siendo tabú, entre otras razones, porque no recibe la atención que el Estado y las autoridades públicas sí dedican a otro tipo de muertes promocionadas en medios de comunicación y en costosísimas campañas que justifican la posterior creación de observatorios y asociaciones.
La diferencia, por tanto, es notable con otras causas de fallecimiento. En 2000 hubo 4.700 personas que murieron en carretera y en 2016 lo hicieron 1.160, es decir, un 75% menos. Las cifras en la violencia de género también son descendentes: en el año 2003 fueron asesinadas 71 personas y en 2020 el número bajó hasta 45, un 37% menos. Ambas circunstancias tienen algo en común: la irrupción del Estado como factor de concienciación. Campañas en televisión, radio y prensa han ayudado a generar un clima de sensibilización colectiva que ha contribuido a remitir el problema. Si la verdad oficial que sostienen Estado y prensa es que conviene ocultar un fenómeno problemático porque no hacerlo supondría un aumento de casos, ¿entonces por qué no ocurre igual, por ejemplo, con la violencia de género? En 2021 el Gobierno destinará 180 millones de euros a la ley contra la violencia de género y sólo 2,5 millones a la salud mental. Esta enorme diferencia en el Presupuesto General del Estado es inversamente proporcional al número de muertes en uno y otro caso. El año pasado se notificaron en España 3.671 fallecimientos por suicidio (10 al día) convirtiéndose en la primera causa de muerte externa. Por cada suicidio hay 20 personas que lo intentaron y no lo lograron, por lo que la cifra podría ser aún mayor, aunque es dudoso que entonces el problema fuera tomado en serio. De momento, que las inversiones destinadas a evitar una muerte dependan de las circunstancias en que se produzcan revelan la preferencia del Estado por aquellas causas que sólo le sirven como munición ideológica, por eso la violencia de género es hoy un asunto nuclear para el sistema hasta el punto de que Sánchez llegó a proponer hace unos años un funeral de Estado por el asesinato de cada mujer.
Hasta el Instituto Nacional de Estadística ha cambiado su metodología sobre el suicidio. Así lo reconoce en su web: “La Estadística de suicidio se ha realizado ininterrumpidamente desde 1906 hasta 2006. Con periodicidad anual, recogía información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas las circunstancias de tipo social que pudieran tener interés. Desde 2007, siguiendo los estándares internacionales en la materia, se ha adoptado la decisión de suprimir los boletines del suicidio y obtener la información estadística relativa al suicidio a partir de la información que ofrece el boletín de defunción judicial que se utiliza para la Estadística de defunciones según la causa de muerte”.
Esta dejación de las autoridades ante el suicidio es lo que, a juicio del director de la Asociación La Barandilla y del Teléfono Contra el Suicidio, José Manuel Dolader, explica que el problema se enquiste. Hace un par de años algunos medios publicaron los casos de dos reclusos en la cárcel de Huelva. Uno de ellos, de 56 años, se cortó el cuello por la negativa de los funcionarios de la prisión a dejarle entrar de nuevo tras cumplir 20 años entre rejas. Poco después el otro preso, que cumplía condena desde 1985 (34 años encarcelado) intentó suicidarse en prisión para evitar su puesta en libertad. El motivo, según Dolader, es que el Estado se ausenta en estos casos. “Instituciones Penitenciarias falló porque es muy difícil que una persona así pueda encontrar trabajo fuera, necesita apoyo”. Es decir, Dolader sostiene que sin un sistema de prevención adecuado no es descabellado que un recluso de larga duración pueda optar por el suicidio. De la opinión de Dolader es también la OMS, que en 2014 reconoció que ocultar el problema contribuía a no hallar soluciones.
Si la prevención es fundamental para evitar el suicidio, entre las causas que explican el mismo habría que hablar -sostiene Dolader- de una sociedad poco preparada para el sufrimiento. Y ahí los hombres son mayoría: el 80% de los que se quitan la vida son varones. Entonces sería interesante saber si este predominio masculino es el verdadero causante de que el suicidio no sea cuestión de Estado.