El sistema público no está lo suficientemente preparado para plantar cara a algo que muchos tratan de invisibilizar y que no puede sostenerse con la falta de personal sanitario actual.
Todavía seguimos teniendo vergüenza de admitir que algo no está bien, que tenemos que ir al psicólogo porque, por una razón u otra, necesitamos ayuda. El estigma alrededor de la salud mental juega un importante papel a la hora de pedir ayuda, así como de proporcionarla. Algo que no existe, que no sirve para nada o que no tiene importancia no requiere de fondos públicos para poder abordarlo tiene, como resultado, datos que deberían espantar a cualquier institución que pretenda garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
Hasta ahora, las barreras que el estigma dibuja en la atención psicológica suponen una dificultad añadida para quienes además han de lidiar con la sintomatología de la enfermedad mental. Ir al trabajo, al colegio o hacer cualquier actividad diaria y cotidiana supone un reto para las personas que no piden apoyo. Asimismo, los prejuicios que tanto la persona que sufre la enfermedad como los que la sociedad proyecta se conjugan con la discriminación que pueden sufrir en el caso de superar la primera barrera de no contarlo o no pedir ayuda. Si bien es cierto, aunque el estigma ha ido disminuyendo con los años y la salud mental ocupa una posición cada vez más importante en el discurso político y social, todavía queda mucho camino por recorrer.
En España, el 5,2% de la población, 2,4 millones de personas, sufren depresión. Aquí hemos de tener en cuenta que únicamente estamos hablando de una enfermedad entre las muchas existentes, sin sumar los diferentes trastornos que pudieran existir, por lo que la cantidad de españoles con necesidad de recibir atención psicológica es mayor. Asimismo, nos encontramos con que una persona de cada cuatro tiene o tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida, por lo que es evidente la necesidad de un sistema capaz de hacer frente a un problema creciente, especialmente con una pandemia que llegó a nuestras vidas hace casi dos años y que ha dejado importantes secuelas en la salud mental de la población española y mundial. De hecho, frente al escenario que se nos presenta, el sistema público no está lo suficientemente preparado para plantar cara a algo que muchos tratan de invisibilizar y que no puede sostenerse con el sistema público actual. Tan solo hay seis psicólogos por cada cien mil habitantes en España cuando la media de la Unión Europea triplica este número y demuestra que España no tiene capacidad para lidiar con la situación que se plantea con el aumento de personas que sufren algún trastorno a raíz de la pandemia.
Algo que ejemplifica a la perfección la situación que se vive en España, tal y como publicaba RTVE, es el consumo de ansiolíticos diario de los españoles, que llega a los dos millones de personas y que pone de manifiesto la necesidad de abordar el problema. Además, si lo miramos con perspectiva de género, encontramos que las mujeres doblan a los hombres en el consumo de psicofármacos y que también son más proclives a ser diagnosticadas con trastornos de ansiedad, lo cual precipita la prescripción de dichas pastillas.
Las limitaciones del sistema para un tratamiento correcto acorde a las necesidades de los ciudadanos, así como la falta de campañas de prevención y concienciación como hay con otras enfermedades, ha provocado, entre otras razones, el abandono de un problema que ahora muestra sus peores consecuencias. Durante la pandemia ha habido un incremento de suicidios del 250% entre los jóvenes y ahora supone la primera causa de muerte no natural en el país. Entre los jóvenes de 15 a 30 años supone la segunda causa de muerte después de los tumores por una diferencia ínfima y casi triplica los muertos por accidentes de tráfico.
El problema de la salud mental está en la agenda del gobierno, puesto que el sistema privado es inaccesible para gran parte de la población por su elevado coste. Un sistema público capaz de reemplazar la maximización del beneficio que se pretende con el sistema privado y no se anteponga al servicio de los españoles y su bienestar es primordial. La lucha colectiva para evitar un deterioro constante de los servicios públicos ha de organizarse en contra de quienes también menosprecian los cuidados, la atención psicológica y el bienestar de su población.