La estimación es que por cada una que muere otras diez lo intentan. Este drama, que sigue siendo «tabú», exige compromiso social y político y este 2021 podría contar con una estrategia autonómica para reducir al máximo su incidencia.
Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, diez. Diez personas se quitan la vida al día en España, una cada dos en Castilla y León, y se estima que por cada una que muere, otras diez lo intentan. Y aún así sigue siendo un tema «tabú».
El suicidio, ese problema de salud mental del que no se habla -y lo que no se visibiliza no existe-, es la primera causa de muerte externa que supera las cifras provocadas por los accidentes de tráfico. Sin voz, oculto en la isla de la vergüenza, le ha llegado el turno por justicia social, y más ahora tras una pandemia que ha dejado una hilera de muertes, enfermedad, crisis económica y sus efectos colaterales, como la precarización de la salud mental que pide a gritos una estrategia nacional, pero también una autonómica que ponga negro sobre blanco cómo prevenir, tratar y promover el bienestar. También, cómo ayudar a los que se quedan, los supervivientes.
Se necesita una plan de actuación, pero no uno cualquiera. Uno que englobe e implique a toda la sociedad, y desde todos los frentes: educación, servicios sociales y sanidad; que permita desde las primeras edades enseñar a los niños a gestionar sus emociones; a los jóvenes a superar sus miedos y frustraciones y que enseñe a los adultos a entender que acudir al psicólogo es bueno, por salud mental. «A lo largo de la vida todos hemos tenido lesiones mentales», y el primer paso es normalizar; ser capaces de romper con las etiquetas. «Contar tú problema a un profesional ayuda mucho; tienes otro punto de vista que genera cambios en tu discurso».
Lo explican a Ical Daniel Cembrero Masa y Laura Gil Pablos, psicólogos de El Puente Salud Mental Valladolid, una entidad que lleva 30 años trabajando para que las personas con algún problema de salud mental y sus familias puedan alcanzar su proyecto de vida, gracias a una red de más de 50 profesionales que atiende a unas 1.000 personas al año en la capital y la provincia, con apoyos en ámbitos como el laboral, el acceso a la vivienda, en el medio rural, en la promoción de la autonomía y el desarrollo personal.
Daniel y Laura conocen de cerca el problema, que no es exclusivo de la víctima, sino de todos. Ponen el acento en las primeras etapas de la vida y en la adolescencia, esta última caracterizada por la inestabilidad y la vorágine de emociones, en la que el joven tiene que tener herramientas para poder gestionar sus duelos y muchas veces no sabe cómo hacerlo. Al igual que en su día ocurrió con la educación para la salud sexual, ven preciso una educación que ayude en la resolución de problemas, que haga entender que hay salidas y razones positivas frente una «sinrazón que es el suicidio». «No es la solución para una crisis que es siempre pasajera, para un problema que siempre es temporal». «Hay que enseñarles a dibujar y pensar en planes de futuro, pero realistas».
Asignatura pendiente
Reconocen que hay frentes infinitos que atajar y que las asociaciones muchas veces tienen las manos atadas por la escasez de recursos y porque al final trabajan con pacientes más graves. Pero en el camino se quedan muchas personas con una enfermedad mental que debe repescar el sistema sanitario y hacerlo a tiempo. «La atención psicológica sigue siendo deficitaria, no hay profesionales especializados en Atención Primaria, pero también es verdad que el médico de familia que no ve la necesidad de derivar al paciente al psiquiatra, sí puede recomendar al paciente a acudir a un psicólogo privado. Primero, usar lo que tenemos e implementar lo público, y mientras tanto existe esta otra solución».
Sus demandas no son nuevas, pero no por ello poco importantes. La propia Consejería de Sanidad ha reconocido que la salud mental es «una asignatura pendiente», y no oculta un aumento de la prescripción de fármacos para la depresión y ansiedad con la pandemia, dos patologías que muchas veces están detrás de la magnitud de los suicidios.
Las cifras lo corroboran. Entre enero y mayo de 2020, 83 personas se quitaron la vida en la Comunidad, y 1.343 en España, como recoge el último avance consultado por Ical de la estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística que se centra en los cinco primeros meses del año del covid. Son números similares a los del mismo período de 2019, cuando 96 personas se suicidaron en la Comunidad y 1.481 en España. Pero si en ese año hubo 116 y 1.842 víctimas mortales en accidente de tráfico, los suicidios se elevaron a 218 y 3.671, en cada caso. Es más, este goteo arroja que en cinco años, entre 2019 -último completo disponible- y 2015, más de 1.000 personas se suicidaron en Castilla y León, y no hay cifras de las que lo intentaron, ni de muchas que lo hicieron pero quedaron registradas, por ejemplo, como tráfico.
En general, el índice de suicidios es más alto en varones adultos, pero es la principal causa de muerte entre los de 25 y los de 34 años, tras los tumores, de ahí la necesidad de incidir en la ayuda en las primeras edades y en la adolescencia, también en sus círculos y las familias, más cuando en las de hoy el salto generacional entre padres e hijos es mayor. «La sociedad tiene que entender que ir al psicólogo es como ir al dentista», y que hay que acabar con eso de «mi hijo no está para ir al psiquiatra». «Hay que normalizar, y no pasa nada por exponer las emociones», ese es el mensaje añaden.
Recursos para atajar el problema
Se necesitan más psicólogos clínicos y psiquiatras y un refuerzo en Atención Primaria donde se produce el primer contacto para poder tratar la depresión y otros problemas de salud mental de manera precoz. El tema no es baladí, y los grupos de las Cortes, como el Grupo Parlamentario Socialista, lo han elevado al debate para exigir la incorporación de nuevos profesionales capaces de frenar un problema, que puede acrecentarse con la post pandemia.